El asesinato del senador Darío Gómez

La presentación a la prensa de los asesinos del doctor Darío Gómez, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, revela varios escenarios que por su trascendencia es importante comentar.

Nadie pone en duda que los individuos presentados a la prensa por la jefatura de la Policía Nacional participaron en el asesinato material del senador Gómez Martínez, a quienes se les ocupó la pistola de éste último, siendo identificados, además, por testigos presenciales.

La duda surge respecto de las motivaciones que pudieron dar lugar a este lamentable hecho.

Conforme sus declaraciones, los asesinos, operando como una banda criminal la noche de los acontecimientos, luego de deambular por las calles buscando a una víctima, sin plan previo, se encontraron de pronto una vivienda en la que un grupo de personas participaban en una reunión festiva, y se deciden a asaltarlos. Penetran la verja, hieren al chofer armado, y en el forcejeo también hieren mortalmente al senador Darío Gómez, quien varios días después muere en una clínica de la ciudad capital.

Literalmente podría decirse que se trata de una pura casualidad del destino que la vida del senador Darío Gómez se cruzara con esta banda de desalmados, encontrándose en el lugar y momento inadecuados. Sin embargo, si los hechos anteriores se contextualizan en que el occiso era, no sólo un legislador de la República, sino el senador más polémico de los últimos dos años, resulta entonces que estamos ante un suceso que tiene una probabilidad de ocurrencia de uno entre ocho millones, y como tal debe ser tratado. Además, son muchos los cabos sueltos que la investigación no ha logrado esclarecer.

Lo primero que llama la atención es que este grupo de asaltantes aventureros se decidiera a cometer sus fechorías precisamente en un lugar donde había vehículos con placa oficial, lo que aumentaba los riesgos de encontrar personas armadas, policías o militares.

Conforme la versión de los asesinos confesos, el móvil fue el robo. Sin embargo, desde el principio se dijo que los asaltantes despreciaron los ofrecimientos hechos por la hoy viuda Gómez de que tomaran sus joyas. En ningún momento los asaltantes revelaron que se trataba de un asalto u ordenaran a todos a entregar sus pertenencias. Más aún, son los primeros ladrones del mundo que luego de dominar la situación, en vez de robar optan por retirarse, pues hasta donde se conoce, a excepción de la pistola del senador, no sustrajeron ninguna otra pertenencia, prenda o dinero.

Así mismo se reveló en las primeras versiones de prensa que los asaltantes habían procurado e identificado a “Darío”, a quien parece buscaban. Todo lo anterior se agrava por el hecho de que entre los asaltantes y asesinos había uno encapuchado. Este sujeto parece ser la clave si quisiera profundizarse en otras posibles causas de un hecho tan horrendo.

De no ser el robo la motivación de este crimen, se trataría entonces de una muerte por encargo contra un senador de la República.

La gravedad que encierra esta posibilidad, en cualquiera de los escenarios, es tal que no puede ser ignorada por las autoridades. Si las dudas que hoy pesan sobre la investigación no son esclarecidas la población creerá que se trata de un crimen por motivaciones originadas en una lucha de intereses entre los grupos del bajo mundo de la política criolla. ¿Y si fuera cierto que ésta es la motivación oculta del asesinato del senador Gómez? Estaríamos entonces ante un síntoma que revelaría que la enfermedad del sistema político es de una gravedad mucho mayor de lo imaginado.

Desde hace tiempo se viene observando en el país un deterioro creciente de la credibilidad de los partidos y de la falta de legitimidad de gobernantes y representantes. Es admitido por todos cómo el sistema político está dominado por una lógica corrupta que arropa la elección interna de los partidos, a las campañas electorales y, posteriormente, el desempeño de la función pública de la mayoría de los que resultan electos. Pero no se tenían evidencias de que el nivel de crisis del sistema político pudiera llegar al crimen. De ser así, preparémosnos para lo que lo por está por venir.

Debo señalar que es posible que las autoridades actuantes desconozcan o no tengan pruebas de que fueran motivaciones distintas a las del robo las que dieron lugar a este asesinato. Pero es obligación de toda autoridad responsable revelar cuándo las cosas no concuerdan adecuadamente, porque en definitiva su compromiso es con la sociedad, nunca debiéndose prestar al encubrimiento de asesinos, no importa cuán encumbrados o relevantes puedan ser éstos.

Otro asunto que ha llamado la atención es la revelación hecha por la prensa de que uno de los asesinos está condenado actualmente a 30 años y sin embargo se encontraba en libertad.

Hace unos años la causa de una situación así había que buscarla en la corrupción que dominaba a la administración de justicia penal del país. Hoy día, sin embargo, ésta no parece ser la explicación. Digamos, simplemente, que revela los niveles de ineficiencia que domina a la administración de justicia, especialmente la penal. Las autoridades no tienen control de los expedientes, ni de las pruebas, ni de los detenidos, ni de las cárceles. La justicia penal se ha reducido a ser trámite de papeles y números de oficio, operando bajo procedimientos obsoletos y con autoridades, unas actuando fuera de competencia y otras atrofiadas en sus facultades, todo lo cual hace al sistema de justicia ineficiente y vulnerable. Lo que se ha hecho patente es que, de los crímenes que se cometen, no sólo son muchos los que quedan fuera de toda sanción, sino que, de los juzgados, son muchos los culpables que logran evadir la sanción, aun después de condenados.

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